Oposición brasileña acelera su campaña para enjuiciar a Dilma Rousseff

9 de octubre de 2015

9 de octubre de 2015 – El pasado martes 6 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, con una votación de 5 contra 2 tomó lo decisión sin precedentes de iniciar una investigación para determinar si la Presidente Dilma Rousseff financió ilegalmente su campaña de reelección el año pasado. La decisión del tribunal fue en respuesta a los acusaciones por corrupción contra la Presidente que viene haciendo el partido PSDB, cuyo candidato predilecto de Londres, Aecio Neves, perdió la elección el año pasado frente a Rouseff.

El asesor cercano de Rousseff, Aloizio Mercadante, quien acaba de dejar su cargo como oficial mayor del gobierno, señaló que la oposición está “amenazando abiertamente con un golpe”, y no quieren hacerse a la idea “de que ellos perdieron las elecciones el año pasado”, informó el diario O Globo. “Cualquier aliento a un golpe es letal para Brasil”, advirtió.

En el caso de que los siete miembros del TSE encuentren que Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer, “abusaron de sus facultades” y cometieron fraude al aceptar dinero de compañías involucradas en el escándalo (fabricado) de Petrobras, como acusa el PSDB, el tribunal podría declarar su presidencia como “ilegítima” y convocar a nuevas elecciones. El servicio noticioso británico Reuters se adelantó a decir el martes 6 que la investigación “podría acelerar los intentos de la oposición por enjuiciar a Rousseff en el Congreso”.

Pero todavía se plantean interrogantes legales importantes, para empezar, si el TSE tiene siquiera la autoridad para determinar la legitimidad de la Presidente. Como informó el martes 7 Brasil247, uno de los principales expertos judiciales de Brasil, Dalmo de Abreu Dallari, explicó que el artículo 85 de la Constitución federal establece claramente que el TSE no tiene autoridad para ponerle fin al período de un Presidente en funciones.

El Ministro de Justicia, Jose Eduardo Cardozo, minimizó la decisión del TSE y señaló que “no significa nada en absoluto en términos judiciales... Yo diría que es más bien una medida nada original, pero los sectores de la oposición tratan de darle una dimensión que, evidentemente no la tiene”.