Los carteles graneleros del imperio, detrás de las amenazas de golpe en Argentina

4 de febrero de 2014

3 de febreros de 2014 — Los carteles graneleros controlados por el imperio británico, Cargill, Bunge, Drefuss, ADM, entre otros, cuyo papel en la orquestación de la crisis mundial de alimentos se ha documentado ampliamente, se encuentran en medio de la campaña de desestabilización para forzar la salida del cargo de la Presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; llana y sencillamente un intento de golpe de estado.

Como lo documentó el analista Raúl Dellatorre, el 1 de febrero en Página 12, diez exportadoras multinacionales de granos, que también poseen sus propios silos y puertos, controlan 95% del principal rubro de exportación del país y por lo tanto, su principal fuente de divisas. Confabulados con los grandes terratenientes oligarcas, agrupados en la Sociedad Rural Argentina (SRA), los carteles están chantajeando al gobierno, rehusándose a exportar la cosecha más reciente de soya de Argentina, valorada en $3,500 millones de dólares, a fin de forzar una mayor devaluación del peso que el 19% que ya ocurrió en enero, y arrojar al gobierno a tal caos económico y político que Fernández se vea forzada a dejar su cargo mucho antes de las elecciones presidenciales del 2015.

La gran sacerdotisa de la desregulación fascista, Mary Anastasia O'Grady, proclamó el 2 de febrero en el diario The Wall Street Journal que es "inevitable" una "mega devaluación" del peso. Además insiste en que está garantizado que siga "una mayor sangría". Y para aumentar las presiones inflacionarias, la compañía Royal Dutch Shell acaba de aumentar el precio de combustible en 12%.

Luego de reunirse hoy con representantes de los carteles graneleros, el jefe del Consejo de Ministros, Jorge Capitanich, advirtió que si los exportadores continúan con la extorsión, el gobierno va a considerar tomar "múltiples iniciativas, desde una asociación de comercialización hasta la revitalización de la Junta Nacional de Granos", la entidad dirigida por el gobierno que entre 1933 y 1991 reguló la industria granelera de Argentina. De hecho, líderes de varias organizaciones pequeñas de productores le han pedido al gobierno que restablezca inmediatamente la Junta Nacional de Granos, para frenar el poder de los exportadores agrícolas y sus aliados oligarcas.

Capitanich explicó defensivamente que el gobierno no tiene la infraestructura de puertos y de transporte que tenía entonces la Junta Nacional de Granos, y que procederán con cautela. Ese es un error muy peligroso, advirtió el analista Mempo Giardinelli el 3 de febrero en el diario Pagina 12. Los carteles graneleros y sus amos no están interesados en sostener negociaciones civilizadas. "Es como si hubiera un golpe de Estado suspendido en el aire. No clásico, no militar, pero sí político-empresarial-sindical-mediático". El asunto no se limita a la paridad peso-dólar 8 a 1, advirtió. Estas fuerzas van a atacar sin importar cuál sea la política, y no van a estar satisfechos hasta que derroquen al gobierno. Este no es momento para actuar defensivamente, añadió. Debió decir también que es necesario también ya un restablecimiento inmediato de la ley Glass-Steagall.