El príncipe Bandar, el 9-11 y la perfidia de Obama

23 de julio de 2012

23 de julio de 2012 – En febrero de 2009, Barack Obama, a sólo semanas del inicio de sus presidencia, se reunió con familiares de las victimas de los atentados del 11 de septiembre (9-11) y les prometió que iba a desclasificar el capítulo de 28 páginas de la investigación del Congreso sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, que revelan como el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, el príncipe Bandar bin-Sultan, había proporcionado fondos a por lo menos dos de los terroristas de los ataques del 9-11, utilizando dinero extraído del fondo para sobornos de la operación Al Yamamah.

El presidente Obama le mintió a las familias y hasta la fecha, se ha negado a revelar el papel del príncipe Bandar y la realeza saudí en los ataques del 9-11. Además de rehusarse a desclasificar las irrefutables páginas del informe de la comisión del Congreso sobre el 9-11, el 29 de mayo de 2009, Obama ordenó a Elena Kagan, Procuradora General —después postulada por Obama para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos— presentar un escrito instando a los tribunales para impedir que los familiares de las víctimas del 9-11 pudieran demandar a funcionarios del gobierno saudí o miembros de la familia real saudí, sobre las bases de que gozan de inmunidad soberana.

Como resultado de la perfidia del presidente Obama, algunos de los líderes criminales que estuvieron detrás de los ataques del 9-11, hasta hoy siguen libres. La semana pasada, el príncipe Bandar fue nombrado como jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, una posición que le permitirá dirigir el terrorismo neosalafita en todo el mundo.

El papel del príncipe Bandar en los ataques del 9-11 fue muy preciso. Parte de los $2000 millones de dólares del soborno que recibió de la empresa británica BAE Systems, por su papel en la concreción del acuerdo Al Yamamah de cambiar armas por petróleo —bajo el cual se estableció un enorme fondo secreto extraterritorial anglosaudita para la ejecución de operaciones secretas en el mundo— fue a parar a dos agentes de la inteligencia saudí establecidos en la costa oeste de Estados Unidos. Omar al-Bayoumi y Osama Basnan, los agentes de inteligencia saudí, pasaron por lo menos entre $50 a $70 mil dólares a dos de los secuestradores del 9-11, Nawaf Alhamzi y Khalid Almihdar. Además, proporcionaron casa, transporte y acceso a las escuelas de aviación a los secuestradores. Justo antes de los ataques del 9-11, los dos agentes de inteligencia saudí huyeron de los Estados Unidos.

Poco después de los ataques del 9-11, las acusaciones penales en contra del Riggs National Bank dieron lugar a que fuera adquirido por el Banco PNC. Riggs había administrado las cuentas de la embajada saudí a través de las cuales fueron conducidos los fondos para los secuestradores del 9-11, como se detalla en el capítulo aún clasificado del informe del Congreso sobre el 9-11. La cuenta saudí fue transferida luego al HSBC, el mismísimo banco británico que fue objeto de una investigación de un año recién concluida, a cargo de la Subcomisión Permanente sobre Investigaciones del Senado de Estados Unidos, la cual reveló que es el más grande lavador de dinero del narcotráfico en el mundo y de los fondos para el terrorismo alrededor del globo. Un capítulo en el informe del Senado revela los vínculos de HSBC con el banco Al Rahji en Arabia Saudita, uno de los conductos para los fondos hacía Al Qaeda, tanto antes, como después de los ataques del 9-11.

Hoy Lyndon LaRouche exligió que Estados Unidos rompa toda relación con Arabia Saudita, mientras que el príncipe Bandar mantenga un puesto en el gobierno del reino. LaRouche declaró que constituye un acto de perfidia en contra de todas las victimas del 9-11 y sus familiares, el permitir que opere a sus anchas esa misma gente que está detrás de la guerra contra Estados Unidos. LaRouche advirtió que, esa misma gente, incluyendo al príncipe Bandar, está ahora llevando acabo una guerra en el Medio Oriente, una guerra que podría extenderse hacia una guerra general que implique el uso de armas termonucleares. La connivencia criminal del Presidente Obama con el príncipe Bandar es una cicatriz en los Estados Unidos que debe ser eliminada.