Tribunal Superior británico, Banco de Inglaterra, FBI y Departamento de Justicia tienen sus rodillas sobre el cuello de Venezuela y de Irán

4 de julio de 2020

4 de julio de 2020 — El juez Nigel Teare, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, dictaminó el 2 de julio que el Banco de Inglaterra tiene todo el derecho de negarse a entregar mil millones de dólares que corresponden a las reservas nacionales en oro de Venezuela, al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Desde hace años, Venezuela como muchas otras naciones, tiene depositado su oro en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El gobierno del Presidente Maduro necesita urgentemente esas reservas para lidiar con la pandemia del coronavirus que hoy está extendiéndose por todo el país. Sabiendo que la pandilla del “cambio de régimen” se iba a oponer a ello, el gobierno había arreglado que se transfirieran los mil millones de dólares en oro al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que éste comprara “equipo médico, medicinas y productos alimenticios básicos” para ser utilizados en Venezuela. Pero el juez británico dictaminó que Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interino” es el verdadero presidente de Venezuela, lo que quiere decir que los venezolanos no tienen el derecho a utilizar sus reservas ni siquiera para salvar vidas. La representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, (que se apoda ‘la dama de hierro’ y le encanta ser fotografiada en compañía de John Bolton), anunció que el oro se va a quedar allí donde se encuentra, en el Banco de Inglaterra, porque la comunidad internacional ya ha enviado suficiente cantidad de ayuda humanitaria para hacer frente a la pandemia.

El gobierno del Presidente Maduro va a apelar esta decisión que es un intento “de robarle a Venezuela su oro”, según anunció la cancillería venezolana. “El Banco Central de Venezuela apelará inmediatamente esta decisión absurda y errónea, que constituye un acto de piratería que atenta contra el derecho a la salud y la vida del pueblo venezolano, al despojarlo del oro necesario para el combate contra una de las peores pandemias que ha azotado a la humanidad” dice el comunicado de la cancillería de Venezuela.

El mismo día James Boasberg, juez del Distrito de Columbia aprobó el pedido del Departamento de Justicia de una orden judicial para retener más de 1.1 millones de barriles de gasolina iraní que iban a ser transportados por 4 buques cisterna, que se dice van hacia Venezuela. Los fiscales federales para conseguir la orden judicial para sus acusaciones, dijeron que el empresario iraní que se dice que arregló el cargamento de gasolina está “afiliado” a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (que el gobierno de Estados Unidos ha designado como terroristas), utilizando esto como pretexto para conseguir la orden judicial para el robo de gasolina que Estados Unidos piensa hacer en alta mar. El FBI participó en la preparación del caso, incluyendo la intercepción de las comunicaciones entre quién supuestamente dirigía la operación y varios agentes en las diferentes compañías de fachada que fueron utilizadas para tratar de flanquear las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos tanto en contra de Irán como en contra de Venezuela, y que están aplastando sus economías.