Equipo que dirige el golpe contra Trump dirige también al grupo de choque de la operación “Lava Jato” para destruir a Brasil y a Iberoamérica

16 de diciembre de 2017

16 de diciembre de 2017 — En un discurso que dio el 19 de julio de 2017 para felicitarse a sí mismo, el Subprocurador General de EUA, en funciones, Kenneth A. Blanco, quien entonces dirigía la División Penal del Departamento de Justicia, (porque luego Steve Mnuchin lo escogió para que encabezara la Oficina sobre Delitos Financieros del Departamento del Tesoro), se refirió al veredicto condenatorio que se le dictó al ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, como el principal ejemplo de los “resultados extraordinarios” alcanzados gracias a la colaboración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) con los fiscales brasileños en la campaña dizque “anticorrupción” llamada “Lava Jato”.

En particular la unidad de la División Penal del DOJ que dirige la operación “anticorrupción” Lava Jato, es la Sección de Fraudes. Desde noviembre de 2014 hasta junio de 2017, quien dirigía la Sección de Fraudes del DOJ, era nada menos que Andrew Wessmann, quien fue transferido en esa fecha de junio 2017 para formar parte del grupo de choque contra Trump que encabeza Robert Mueller. Weissman ha sido desde hace mucho el compinche de Mueller en el FBI, cuyo historial de conducta indebida le ganó el sobrenombre del “el pitbull judicial de Mueller”.

Como es sabido ya, Weissman fue retirado del equipo de cacería de brujas porque trascendió a la luz pública su parcialidad a favor de Clinton y su servilismo hacia la procuradora general de Obama. Ahora cada vez que se menciona a Weissman en la prensa estadounidense, es para hacer referencia de la profunda corrupción que inunda al Departamento de Justicia y al FBI.

La ex Presidente de Brasil y de Argentina, Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente, denunciaron la semana pasada que líderes nacionalistas y progresistas de toda Iberoamérica se están viendo sometidos sistemáticamente a lo que denominan “lawfare”, el uso de la ley como arma de guerra, con el propósito de imponer cambios de régimen e instalar jefes de Estado que impondrán las políticas de austeridad neoliberal que han destruido a la región. El discurso de Blanco demuestra que detrás del tal “lawfare” en contra de los vecinos de Estados Unidos, están los mismos intereses imperiales que tienen el propósito de ejecutar un golpe de Estado en Estados Unidos para deponer al Presidente Donald Trump de su cargo.

Blanco se jactó del papel que jugó el DOJ en toda esta farsa, en un discurso que dio en un evento del Concejo Atlántico y el Diálogo Interamericano sobre “Lecciones de Brasil: Crisis, corrupción y cooperación global”. Blanco le dio la bienvenida a su “amigo, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot”, uno de los sicarios claves en la operación Lava Jato, quien compartió el podium con Blanco.

“Es difícil imaginar una mejor relación de cooperación en la historia reciente que la que han tenido el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales brasileños. Hemos cooperado y nos hemos ayudado de modo sustancial en una serie de temas públicos que ahora se han resuelto, y seguimos en eso en una serie de investigaciones que se están haciendo”, afirmó Blanco.

“La cooperación entre el Departamento [DOJ] y Brasil ha llevado a lograr resultados extraordinarios. Solo en el año pasado, por ejemplo, la Sección de Fraudes de la División Penal y el equipo de la operación brasileña Lava Jato, estuvieron cooperando y se coordinaron en resoluciones en cuatro casos relacionados con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en sus siglas en inglés): Embraer, Rolls Royce, Braskem, y Odebrecht. Odebrecht es en particular notable en vista de su alcance y su extensión”, siguió diciendo Blanco.

“En efecto, tan solo la semana pasada, los fiscales de Brasil lograron un veredicto de culpabilidad contra el ex Presidente Lula da Silva, quien fue acusado de recibir sobornos de la compañía de ingeniería OAS a cambio de su ayuda para ganar contratos con la compañía petrolera Petrobas. Casos como este, es lo que ha puesto a Brasil al frente de los países que trabajan para combatir la corrupción, tanto dentro como fuera de su país”.

Blanco reveló en ese discurso que la cooperación entre el DOJ y los fiscales brasileños es tan grande, que operan fuera de los “procesos formales, tales como los tratados de asistencia judicial mutua”, a menudo simplemente mediante una llamada de unos a otros para pasarse o solicitar evidencias, y solo se molestan con las “formalidades” legales cuando es necesario para que la evidencia sea admisible cuando el caso llega al juicio.

Fiscales y procuradores de toda la región (“mi buen amigo” Raúl Cervantes, el procurador general mexicano, “mi buena amiga, la procuradora general panameña Kenia Porcell”; de Ecuador y Colombia) entran y salen de los despachos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para hablar sobre las acciones contra la “corrupción”, según se jactó Blanco también.