Las sanciones a Rusia se basan en puros fraudes; Trump es el verdadero objetivo

30 de julio de 2017

29 de julio de 2017 — El proyecto de ley H. R. 3364, sobre las sanciones a Rusia, Irán y a Corea del Norte, recibió la aprobación final del Senado 98-2 y fue enviado a la Casa Blanca para su promulgación. En particular, la sección sobre las sanciones a Rusia, constituye un asalto total a toda escala en contra de Trump, y lo único que muestra es que casi todo el Congreso respalda el fraude del Rusia-gate (el cual quedó expuesto como un fraude con el informe del grupo VIPS), y por ende se muestran dispuestos a sostener el golpe de Estado que promueven los agentes británicos y sus piezas en los medios informativos, la comunidad de inteligencia y Wall Street.

De hecho, el proyecto se basa en varios fraudes, entre ellos la aseveración de que Rusia interfirió en la elección presidencial de 2016. En la sección de conclusiones, se refieren a la “evaluación” de inteligencia del 6 de enero de 2017, es decir, la que se presentó como una evaluación de “consenso” de la comunidad de inteligencia en su conjunto, pero que resultó que en realidad fue elaborado por un grupito selecto de analistas de solo tres de las 17 agencias de inteligencia; esa es la “evaluación” que sostiene que “el Presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña de influencia en el 2016 orientada hacia la elección presidencial en Estados Unidos”. Según la sección de conclusiones del proyecto de ley, la evaluación advertía que “Moscú aplicará las lecciones aprendidas de su campaña ordenada por Putin dirigidas a la elección presidencial estadounidense para llevar a cabo esfuerzos futuros por influir en el mundo entero, entre ellos contra aliados de Estados Unidos y sus procesos electorales”.

Con relación a la revisión del Congreso, el proyecto de ley dispone que si el Presidente quiere levantar las sanciones (en el lenguaje del proyecto, acciones que alteren significativamente o no alteren la política exterior de Estados Unidos) el Presidente de presentar un informe al Congreso, el cual será luego sujeto de audiencias en la comisión respectiva, de donde “puede” originarse una resolución de aprobación o desaprobación, en cualquiera de las cámaras, luego de un debate limitado; la resolución pasa luego al Presidente para su aprobación o veto.

Con respecto a Rusia, el proyecto codifica todas las sanciones que se le han impuesto a Rusia mediante la orden ejecutiva de Obama desde marzo de 2014, incluyendo las sanciones finales que emitió Obama antes de dejar el cargo, relacionadas con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de EU. La Sección 224 del proyecto obliga a que se impongan sanciones a cualquier persona que el Presidente determine que “a sabiendas se empeña en actividades significativas contra la seguridad cibernética en contra de cualquier persona, ya sea una institución democrática o gobierno, a nombre del Gobierno de la Federación Rusa”.

La Ley de Apoyo a la Liberta de Ucrania de 2014, dice que el Presidente “puede” imponer sanciones a instituciones financieras rusas u otras extranjeras en ciertas situaciones. La Sección 226 del proyecto de sanciones cambia la palabra “puede” por “debe”. Lo mismo ocurre con las sanciones actuales a los proyectos petroleros rusos.

La cuestión del oleoducto que tanto ha ofuscado a la Unión Europea se menciona en la sección 257. Bajo el título de “Seguridad energética ucraniana”, establece entre otras cosas, que es política de Estados Unidos “seguir oponiéndose al oleoducto NordStream 2, debido a su impacto negativo sobre la seguridad energética de la Unión Europea, el desarrollo del mercado de gas en Europea Central y Oriental, y las reformas energéticas en Ucrania; y el Gobierno de Estados Unidos debe dar prioridad a la exportación de recursos energéticos de Estados Unidos para crear empleos estadounidenses, ayudar a los aliados de Estados Unidos y sus socios, y fortalecer la política exterior de Estados Unidos”. Uno de los probables beneficiarios de esta disposición es la compañía de Virginia Dominion Energy, la cual está a punto de concluir la construcción de una fábrica de gas licuado que le costó $3.800 millones de dólares, ubicada en la Bahía de Chesapeake en el sur de Maryland, en donde ya hay una terminal lista para importar el gas licuado.

El proyecto incorpora algo que denomina Ley para “Contrarrestar la influencia rusa en Europa y en Eurasia”. Entre otras cosas, las conclusiones de esta sección parecen una descripción exacta de las actividades de la Fundación Nacional para le Democracia (el Proyecto Democracia), más que nada que haya hecho la Federación Rusa bajo el gobierno de Vladimir Putin. Dice que “el gobierno de la Federación Rusa ha procurado ejercer influencia por toda Europa y Eurasia, así como en los antiguos Estados de la Unión Soviética, mediante la práctica de aportar recursos a partidos políticos, centros de estudio, grupos de la sociedad civil que siembran desconfianza en las instituciones y actores democráticos, fomentan la xenofobia y las opiniones antiliberales, y socavan la unidad europea”. Asimismo, se muerden la lengua y culpan a Moscú por no cumplir con los acuerdos de Minsk y de violar el Tratado INF, de tal modo que el Congreso con este proyecto le da luz verde a los grupos neonazis de Ucrania, y destina una partida del presupuesto de $250 millones de dólares para ayudar a combatir esa “insidiosa influencia rusa”.