El Departamento de Justicia de Obama y el FBI, en el centro del golpe brasileño

3 de junio de 2016

3 de junio de 2016 — El gobierno de Obama ha jugado y sigue jugando un papel central en el establecimiento de un “gobierno de, para y por los bancos especuladores” en Iberoamérica. Vean el caso de “Lava Jato” (lavado de coches), el escándalo abrumador utilizado como pretexto para suspender a la Presidente Dilma Rousseff del cargo e introducir el caos en Brasil.

El juez Sergio Moro se jacta de que su cacería de brujas Lava Jato tiene como modelo la operación “Mani Pulite” en Italia y el sistema de “negociar la culpabilidad” que emplea el FBI. Mediante órdenes de arresto en la fase preliminar de un juicio, a los detenidos les sacan una confesión para negociar su culpabilidad; les ofrecen inmunidad si acusan a otras personas, que son los objetivos políticos del caso. Luego difunden esas confesiones en la prensa de gran circulación, junto con insinuaciones y mentiras mezcladas con esas confesiones sacadas bajo presión. De ese modo, lo que comenzó en Brasil como un ataque a la empresa petrolera estatal, Petrobras, ahora tiene en la mira 230 compañías brasileñas y un sinnúmero de políticos. (Pero ningún banco, ni fondo especulativo, ni banquero alguno.)

Con el pretexto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asumido un papel central en esta operación. Un tipo educado en la Universidad Cornell de Nueva York, Carlos Fernando dos Santos Lima, miembro del equipo de la fiscalía brasileña que sigue el caso bajo la dirección del juez Moro en la ciudad de Curitaba, se jactó ante la agencia británica Reuters en noviembre de 2014 de que los fiscales brasileños se habían estado coordinando “durante meses” con el Departamento de Justicia, con la Comisión de Valores de EU, y con el FBI. Eso sucedía a menos de un mes antes de que Dilma Rousseff fuese reelecta Presidente, cuando derrotó los planes británicos para quitarle la “B” al BRICS entonces.

De inmediato, se intensificó la operación Lava Jato.

Luego en agosto de 2015, se llevó a cabo una reunión decisiva entre el abogado del lavador de dinero encarcelado, Alberto Youssef, un agente del FBI, y representantes de fondos especulativos y fondos de pensiones estadounidenses y británicos que habían puesto una demanda colectiva contra Petrobras, con la expectativa de ganar miles de millones por las supuestas “pérdidas” resultantes de los mecanismos corruptos. En esa reunión de agosto se acordó que Youssef firmaría un convenio de culpabilidad con los funcionarios ¡de Estados Unidos!

El 22 de septiembre, el abogado de Yousseff, Antonio Figueiredo Basto, voló a Estados Unidos para elaborar los términos específicos de la “cooperación” de su cliente con el FBI y el Departamento de Justicia.

Luego, a raíz de esa reunión, se arregló que Patrick Stokes, que entonces era el jefe de la unidad encargada de los casos de FCPA en el Departamento de Justicia, (ahora es el subjefe de la sección de Fraude), viajaría personalmente a Curitiba en octubre o noviembre para reunirse cuatro días con el juez Moro, con el equipo de la fiscalía, y con Yousseff, para definir hacia donde se orientaría el caso Lava Jato ahora. Ese mismo octubre, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Edwardo Cunha, quien está acusado en el caso Lava Jato, anunció el inicio del procedimiento de juicio político contra Rousseff.

La intervención continuada del FBI en el caso es tan flagrante, que George ‘Ren’ McEachern, jefe de la Escuadra de Corrupción Internacional del FBI en la oficina de Washington, se pasó dos semanas en Brasil, en donde parte de su actividad pública fue como orador principal en el “IV Congreso Anticorrupción” que se llevó a cabo los días 17 y 18 de mayo en Sao Paulo, Brasil, organizado por Thomson Reuters y la compañía LEC (Legal, Ética, Cumplimiento). La propaganda de la conferencia decía que fue la principal reunión sobre “observancia en los negocios” en Latinoamérica, y el tema central este año fue el caso Lava Jato.