Un paso más en el golpe de Estado de los banqueros en Brasil con el juicio político

19 de abril de 2016

19 de abril de 2016 — La Presidente brasileña Dilma Rousseff convocó a una conferencia de prensa el lunes después de que la Cámara de Diputados (cámara baja) votó a favor de un juicio político en su contra, para reiterar que ella tiene "la voluntad, la fuerza y el coraje" para hacerle frente a un juicio político tan irregular que constituye un "golpe de estado". Rousseff destacó que se le ha establecido un juicio político por medidas de contabilidad que no constituyen un delito y que todos los Presidentes anteriores a ella las han utilizado, en un proceso que está presidido "por quienes realizaron actos ilegales y que tienen cuentas en el exterior".

El voto a favor del juicio político fue una verdadera escena de turba jacobina, con gritos, consignas y porras de futbol del lado de los frenéticos partidarios del juicio político, que se echaban rollos de votar en representación de sus madres, hermanos, sobrinos, hijos y nietos para ponerle fin a la "corrupción". Dilma no fue acusada de corrupción, sino de violar regulaciones que imponían austeridad en el presupuesto, pero esto no importó, después de dos años de un asalto sistemático martillando lo que en Brasil llaman "Lavado de Carro" que no es más que la reedición de la operación "Mani Pulite" (Manos limpias) de la reina, que se usó a principios de los 1990 para destruir el sistema político de Italia, acabar con su soberanía y someter al país a las botas de la City de Londres y Wall Street.

Líderes políticos, empresariales y científicos brasileños han sido sometidos a encarcelamientos preventivos, acusados de soborno por testigos que han aceptado sus "confesiones" dictadas por el fiscal para reducir su castigo a cambio de acusar a otros. Estas "confesiones" fueron filtradas selectivamente por los jueces de "Lavado de Carro" y publicadas en los principales periódicos propiedad de financieros como si fueran hechos probados, en tanto que los thatcheritas británicos y estadounidenses (entre ellos los hermanos Koch y la Fundación Atlas) financian las redes de activistas que dirigen las marchas masivas, en su mayor parte de clase media acomodada, en contra de la "corrupción". Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asociada a la OEA, denunció correctamente esta operación de reemplazar los tribunales de ley por enjuiciamientos ante la opinión pública.

"En un tribunal, todo mundo tiene el derecho a defenderse gozando de tiempo igual, con igualdad de armas. En una arena pública, sin armas, es como arrojar a esos ciudadanos a los leones" le dijo Caldas a Carta Capital el 14 de abril.

Muchos de los mismos líderes de la campaña para enjuiciar políticamente a Rousseff están siendo investigados por corrupción y están en la picota para ser enjuiciados. Con la exigencia de Londres de que cualquier nuevo gobierno tiene que imponer una austeridad sin fin (en palabras del Economist de Londres: "dolorosos recortes en los gastos y aumento en los impuestos... reformas a las generosas pensiones incosteables y al rígido mercado laboral") es de esperarse que esta nación de 200 millones de habitantes descienda rápidamente en un caos total, si no se derrota en su origen esta operación británica.

A pesar de su deseo de luchar en contra del proceso de golpe de Estado en marcha, Rousseff no ha identificado hasta ahora el origen real y la intención estratégica de esta operación, siguiendo con su política establecida de tratar el intento de golpe de Estado totalmente como una lucha interna.

No es así con el gobierno ruso. La vocera del ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova dio a conocer hoy una declaración en donde señala con dedo acusador la injerencia extranjera en este proceso: "Rusia y Brasil tienen una asociación estratégica y experiencias exitosas de cooperación de largo plazo en varios formatos multilaterales: la ONU, G-20, BRICS. Nosotros expresamos nuestra esperanza de que cualquier problema que surja en estos difíciles tiempos políticos para nuestro socio se resuelvan dentro del marco legal constitucional, sin interferencias extranjeras", de acuerdo a como reseñó Sputnik la declaración.